Se revive la polémica de la dosis mínima

 Se revive la polémica de la dosis mínima

Este año, nada más en Bucaramanga, la Policía Metropolitana ha capturado a 907 personas por microtráfico. Con el fallo del Consejo de Estado, se teme que este delito se dispare.

La decisión del Consejo de Estado que determina que la denominada ‘dosis mínima’ puede llevarla cualquier persona a la mano, bajo ciertas condiciones, de manera literal ató de manos a la Policía para darle golpes certeros al microtráfico.

Según el pronunciamiento del Alto Tribunal, desde ahora, la Policía sólo podrá decomisar dicha dosis cuando sea verificable que la droga será usada para la venta.

El controvertido fallo

De acuerdo con la Sección Primera del Consejo de Estado, “se les ordena a las autoridades policiales que sólo podrán decomisar la droga cuando se verifique que el portador la va a comercializar o distribuir”.

Si bien los magistrados reconocen que las autoridades necesitan contar con una herramienta jurídica para detectar comportamientos lesivos asociados a la tenencia y consumo de drogas y también deben intervenir como corresponde para proteger el orden público social”, advierten que en esta labor “no se puede desconocer la órbita personal de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores que, con su actuar, no lleguen a afectar a terceros o a otros bienes jurídicos indisponibles”.

Policía ha dado resultados

El tema sale a la palestra en momentos en que la misma Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, ha dado duros golpes al microtráfico.

Según los uniformados, este año se han capturado 907 personas por microtráfico, aunque 838 de ellas han quedado en libertad de manera precisa por el fallo de la Corte.

En lo que va corrido del año se han incautado 7 kilos de bazuco, equivalentes a más de un millón de dosis. En el mercado negro, cada gramo oscila entre $2 mil y $3 mil.

También los policías han decomisado 10 kilogramos de cocaína y, según trascendió, cada gramo de esta sustancia se consigue a $4.800.

También se ha logrado incautar 688 kilos de marihuana y se han desarticulado cuatro bandas criminales dedicadas al microtráfico en barrios populares y conformadas por cuarenta vendedores de estupefacientes.

Alarma en los barrios

Así las cosas, se encendieron las alarmas en los diferentes sectores y comunas de la ciudad: “Si con las prohibiciones que existían los vagos burlaban la ley, con más ver ahora se tomarán los barrios para delinquir”.

De hecho, los líderes cívicos de las comunas de Bucaramanga creen que con el controvertido fallo “crecerá la inseguridad que a diario promueven los consumidores de drogas”.

“No se explica que como dirigentes les exijamos a las autoridades policiales controles para evitar que los jóvenes deambulen por las calles consumiendo sustancias alucinógenas, y el Consejo de Estado ate de mano a la Policía y autorice el libre consumo de esas sustancias; ahora ante la mirada impotente de la Policía”, dijo Henry Plata, dirigente cívico de la Comuna 8 de Bucaramanga, una de las zonas más afectadas con la drogadicción juvenil.

Nada más en Bucaramanga son innumerables las tutelas, los derechos de petición y las acciones populares entabladas por vecinos de sectores como parques, vías y barrios residenciales que exigen medidas para contrarrestar los constantes escándalos y hechos delictivos protagonizados por los consumidores de drogas.

“Hoy tenemos muchos problemas con nuestros jóvenes, quienes están cayendo presos de las drogas porque los vendedores de este vicio no hacen sino ingeniárselas para ofrecer estas sustancias”, aseguró.

“Yo creo que se debe actuar con justicia y por ende la Policía Metropolitana tiene que tener herramientas para frenar este cáncer, que hoy carcome a nuestra juventud”, añadió.

Según Mario Alirio Monsalve, residente en Ciudad Norte, “el principal lunar de esta comuna, más allá de la pobreza y de la desigualdad social, tiene que ver con la proliferación de las ventas de drogas en las esquinas de barrios como La Juventud, Regadero y Kennedy, por citar solo unos cuantos sectores”.

“Aquí, en nuestros barrios, madres de familia y transeúntes saben quiénes son los jíbaros y dónde están las ‘ollas’; y algunos son valientes a la hora de denunciar. Pero ahora, con el fallo del Consejo de Estado, los vándalos del microtráfico podrán actuar a sus anchas”.

“La Policía Metropolitana de Bucaramanga debe meter a la cárcel a estos jíbaros y el Consejo de Estado no puede atar de manos a los agentes. La idea no es criminalizar a los ciudadanos, sino aplicar sanciones administrativas y efectuar las incautaciones de sustancias prohibidas, para liberar nuestras calles y nuestras comunidades de ese flagelo”, puntualizó.

Tomada: Vanguardia.

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